Consejo Andaluz de Colegios de Médicos

La ciencia, la buena ciencia que no está comprometida con ninguna ideología, no sólo no exige abrazar el materialismo metodológico u ontológico, sino que ayuda a escapar de sus redes. Dicho de otra forma: la razón no está condenada a quedar atrapada en el tejido de una interpretación reductiva de la realidad. Pues, en nuestros días, algunos dirigentes políticos, fuertemente ideologizados, parecen estar dispuestos a tener la razón sólo ellos, y especialmente ellas, y a que lo que ellos no ven, no existe.

Alguno, sin poner en tela de juicio el derecho a la objeción de conciencia por convicciones, pretenden oprimir al objetor. Se dice respetar el derecho, pero se acosa al que intenta ejercerlo. Se trata de validar los motivos, y de “apartar” a los profesionales sanitarios que aleguen conflicto ético ante algunas actuaciones que impongan las leyes que se dicten. Es diáfano que toda regulación que incluya alguna forma de registro supone una discriminación por convicciones.

La imagen de que el profesional sanitario tiene trabas para hacer valer la objeción de conciencia está tomando cuerpo y se habla con urgencia de llevar a cabo una regulación de este derecho. El peligro aumenta si ocupa un puesto de trabajo cuyo perfil supone realizar intervenciones que el profesional rechaza; además, su postura puede llevarle a ser discriminado, si lo que pretende el objetor es acceder a un puesto, en concurso público o privado, que incluya de algún modo tales prestaciones.

Una normativa obligatoria en el campo de la sanidad tiene que aprobar, al menos, el examen de racionalidad terapéutica, del buen hacer del arte de curar. Si no aprueba el examen, ¿con qué legitimidad puede poner contra las cuerdas al profesional a quien pretende obligar a cumplirla? Una normativa que plantea al profesional un conflicto entre el deber de cumplirla y el deber de seguir su conciencia, tiene que ser revisada en sí misma, antes que tratar simplemente de regular el derecho a ejercer objeción de conciencia. Nuestros políticos pretenden tener el poder de obligar a un profesional a realizar abortos para ocupar un puesto en la sanidad pública, bajo pena de poner en riesgo su carrera y pasar a una especie de clandestinidad profesional.

Los políticos y quienes les hacen el juego para medrar pretenden hacernos creer que el valor incondicional y fundamentalmente indisponible adscrito a toda vida humana, se debe a autoridades extracientíficas, y que es deudora de unas premisas metafísicas en todo caso dudosas, susceptibles de prejuicios, especialmente  religiosos. Pero todo profesional competente ha de dar las “razones de ciencia” que tiene para oponerse a cumplir la norma, sea cual sea su ideología y religión, de lo contrario ni sería profesional ni sería competente.

Se ha generado la percepción social de que existe el derecho a abortar y, con ello, la idea de que un profesional de la salud tiene el deber de matar al hijo no deseado. La razón esencial que justifica la oposición del personal sanitario al aborto es que participar en la destrucción de la vida de un feto humano no es un acto médico. Hoy hay razones de ciencia que impiden la duda de la existencia de una vida humana individual después de la fecundación; hoy no hay que recurrir al aborto para tratar las dolencias de la mujer embarazada; hoy se sabe que el embarazo no genera un problema de salud psíquica en la gestante, sino que es síndrome post-aborto el problema. Jamás la Medicina ha matado a uno para salvar a otro; siempre ha intentado salvar a los dos y, si en ese intento, uno de ellos muere…

Sin la prohibición absoluta de dar muerte a un inocente no puede haber una moral coherente. Una ética que supone a nuestro arbitrio una vida humana inocente elimina la base sobre la que descansa. Peter Singer, uno de los críticos del principio de la sacralidad de la vida humana, niega que pueda atribuirse una especial dignidad al ser humano, con lo cual liquida también cualquier derecho humano. De acuerdo con su concepción, atribuir esa dignidad al ser humano constituiría un injusto privilegio a costa de discriminar a los animales.

Ningún profesional puede ser incitado a ejercer objeción de conciencia, con las consecuencias negativas que se derivarían de ejercer ese derecho, si una ley le obligara a colaborar en un suicidio. Y es lo que pretenden nuestros políticos; se les llena la boca con la palabra “ciencia” pero sus actos demuestran que solo pretenden manipularla y maniatar a quienes intentan defender la verdad. Según el credo liberal, la ética no es capaz de la verdad. Quien habla de conciencia autónoma, únicamente elige otra forma de expresión para decir que la moral no tiene nada que ver con la verdad. Por el contrario, si la moral se fundamenta en la verdad, esto hace que sea la misma para cada individuo y para el Estado. De este modo, la norma de conciencia y el criterio de lo justo son coherentes.

Harían bien nuestros dirigentes políticos en preocuparse menos de fomentar el aborto, la eutanasia y el suicidio asistido, y preocuparse más de solucionar la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica y el síndrome de sensibilidad química múltiple.

La ética médica obliga en primer término al médico respecto a su paciente, y el más desvalido siempre es un paciente; sólo después de ese deber el médico tiene obligaciones frente a terceros o frente a la sociedad, ya se trate de los colegas, el Estado, las instituciones o el sistema público de salud. Tienen una gravísima responsabilidad, sean o no conscientes de ello, y serán juzgados por la Historia, los dirigentes que utilizan el sistema público de salud para dañar a los ciudadanos, queriendo convertir al profesional sanitario en ejecutor de prácticas no justificadas por razones sanitarias. Aquí es la ciencia médica la que eleva su objeción frente a una imposición ideológica. La Medicina no se hace por consenso social, ni por comisiones o consejos, ni el médico puede ser relegado, como pretenden algunos, a ser mero prestador de servicios biotécnicos en el mercado. Como decía Pellegrino, “los médicos virtuosos son la guía que muestra el camino de regreso a la credibilidad moral para toda la profesión médica”.